La Cámara de Diputados aprobó esta noche en general el proyecto que busca combatir la ludopatía. En una sesión que a duras penas consiguió quorum en medio de fuertes denuncias de lobby ejercidas por las empresas que promueven el juego en línea, los promotores de la iniciativa consiguieron que sea aprobada con 140 votos afirmativos, 36 negativos –de La Libertad Avanza– y 59 abstenciones, en su mayoría de Pro y de la UCR.
La sesión arrancó con 137 legisladores sentados en sus bancas, tan solo ocho más que la mayoría necesaria. La iniciativa es fuertemente resistida por la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas de Argentina (Alea), que ve en esta propuesta una amenaza a su poder de operatoria y recaudación. Si esta noche la Cámara baja le imprime la media sanción, el texto todavía deberá pasar por el Senado para convertirse en ley.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el artículo 8, por el que se busca prohibir la difusión de juegos de apuestas online y limitar su publicidad en eventos públicos y en las transmisiones de fútbol profesional. Este artículo, clave de la iniciativa, se aprobó, en particular, con 134 votos afirmativos, 32 negativos y 24 abstenciones.
La propuesta también apunta impedir –en su artículo 17– que personas con vínculos directos o indirectos con empresas de apuestas en línea puedan formar parte de listas electorales en asociaciones civiles deportivas. Esta es una de las cláusulas que afecta, entre otros, a Daniel Angelici, uno de los empresarios del juego que fue presidente de Boca Juniors y vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según pudo saber LA NACION, Angelici contactó a legisladores de distintas bancadas para restarle apoyo a la propuesta.
“Llamó a todo el mundo”, indicó sobre el binguero un diputado de la oposición más crítica. En diálogo con LA NACIÓN, Angelici no desmintió haber hablado con diputados. “Muchos son amigos y yo soy parte del Comité Nacional de la UCR”, indicó. Sin embargo, aclaró que no lo hizo por un interés personal, sino porque conoce el sector.
“El proyecto ataca al juego legal y, con ello, beneficia a los sitios clandestinos”, subrayó. “Ninguno de los dos dictámenes previene el juego en menores de edad”, sumó. Por último, destacó que la publicidad de las apuestas compete a las provincias y el Congreso no puede legislar en esta materia.
“Muchos van a venir acá a objetar la cuestión de la jurisdicción o la cuestión que está vinculada al poder de policía de este Parlamento”, señaló el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC, durante el debate en el recinto. “Por supuesto cuidamos mucho la competencia jurisdiccional de las provincias, pero hay un interés superior y es una materia concurrente de este Congreso de la Nación a la hora de establecer presupuestos mínimos o cuestiones regulatorias, porque así se hizo con tabaco”, explicó.
Los ejes centrales de la iniciativa son:
- Publicidad y promoción: Se prohíbe la promoción de juegos de azar y apuestas (incluidas deportivas y en línea) en todos los medios de comunicación actuales y futuros, como redes sociales, televisión, radio, cartelería, podcasts, festivales culturales, entre otros. A último momento se incorporó, también, la indumentaria deportiva. Además, se prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, infomerciales o figuras públicas. Solo estará permitida la publicidad dentro de salas de juegos y agencias autorizadas, con la condición de incluir la leyenda “El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia”, junto con un canal de ayuda para personas afectadas.
- Bonos y patrocinios: No se permiten bonos de bienvenida ni el patrocinio de equipos deportivos, deportistas, estadios, o eventos culturales.
- Restricción a menores: Los operadores de apuestas en línea deben implementar sistemas de verificación biométrica (reconocimiento facial) conectados al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad y edad al registrarse y al iniciar sesión. También deben implementar esta verificación las billeteras virtuales.
- Registro Nacional de Autoexclusión (Rena): se crea el Rena para que las personas puedan autoexcluirse de juegos de azar y apuestas en línea. Las inscripciones pueden realizarse por plataformas virtuales, teléfono o web. Familiares cercanos pueden pedir la inclusión de una persona con ludopatía en el Rena. El afectado será citado para decidir su inscripción. La autoexclusión es voluntaria y permanece hasta que el inscrito solicite su cese.
- Requisitos para operadores: Deben brindar información clara sobre reglas, probabilidades y operaciones del juego. Permitir acceso al historial de juego y comportamiento del usuario. Mostrar herramientas de asistencia para ludopatía y prevención. Impedir el acceso a menores y personas registradas en el ReNA. Implementar límites automáticos para sesiones de juego. Incluir una sección sobre prevención de ludopatía con herramientas de autoevaluación. Informar la edad mínima permitida y emitir recordatorios de tiempo invertido.
- No pueden obtener permiso de operadores quienes tengan deudas con el Estado o estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios; hayan sido condenados por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero, juego clandestino u otros en los últimos cinco años; estén vinculados a funcionarios de la autoridad reguladora o actividades deportivas; estén en concurso preventivo sin acuerdo homologado o judicialmente inhabilitados; sean representantes de personas jurídicas involucradas en irregularidades legales.
- Modificación a la ley del deporte: no pueden formar parte de listas electorales en asociaciones civiles deportivas quienes tengan vínculos directos o indirectos con empresas de apuestas en línea.
- Regulación de medios de pago: solo se podrán usar tarjetas de débito y billeteras electrónicas con límites diarios. No se permite el uso de tarjetas de crédito ni de cuentas vinculadas a ANSES para apuestas. El usuario puede retirar dinero de apuestas previa validación biométrica.
- Campañas informativas: se realizarán campañas sobre juego responsable y prevención de ludopatía. Las escuelas deben incluir actividades sobre los riesgos de las apuestas en línea, educación financiera y herramientas para detectar ludopatía.
- Multas: se aplicarán sanciones económicas en UVA (500 a 100,000 unidades) por incumplimientos de la ley. Los directivos de empresas infractoras serán responsables junto con la entidad.
- Delito de juego no autorizado: Se establece prisión de 3 a 10 años y multas por operar apuestas sin autorización, con penas más severas si involucra menores.
El debate
Hubo dos focos de discusión. El primero versó sobre sobre la autonomía de las provincias en materia de juego, en detrimento de la injerencia nacional. Hasta último momento, se negoció entre legisladores la inclusión de un artículo que invita a las provincias a adherir a esta norma. Hay quienes dicen que este punto podría retrasar la aplicación de las limitaciones a las casas de apuestas, dependiente de las jurisdicciones provinciales. Los detractores de cualquier dilación fundamentan su postura en favor de que la Nación puede legislar sobre esta materia bajo el argumento del “bien común” y hablan de preservar la salud pública. Esta divergencia en términos de interpretación podría derivar en la judicialización de la medida, de convertirse en ley.
El segundo punto de debate se centró en letra chica del artículo que prohíbe la publicidad de las casas de apuestas: mientras el dictamen de mayoría lista de manera taxativa todas las limitaciones, el de minoría habla en términos más generales. Los autores del texto de mayoría desconfían de la injerencia del nuevo secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez, exdirectivo de la empresa del juego Codere. Señalan que, al momento de la reglamentación de la norma, a cargo de Capital Humano, podrían incidir los antiguos nexos de Ordóñez con las empresas del juego.
“Se habla mucho de la necesidad de ser taxativos, dejar poco a la reglamentación para evitar algún tipo de intromisión de parte de algún funcionario público”, indicó Karina Banfi, de la UCR, sobre el controvertido artículo de publicidad. “No podemos hacer una ley de esta envergadura porque hay un funcionario que no nos gusta o que creemos que no tiene la idoneidad para ese cargo. Quiero hacer un repudio al funcionario Ordóñez, pero no podemos hoy redactar una ley que tiene que durar 20 años en función de un funcionario que ocupa hoy un cargo”, consideró.
Mónica Frade, de la CC, inauguró la discusión e informó sobre el proyecto al recinto. Señaló que la iniciativa “tiene que ver con la recaudación de los gobernadores y con un mega negocio que en la Argentina ha tenido un desarrollo inusitado en estos años”. Precisó que se trata de un tema “de salud mental, nacional y federal”. Por último, señaló que quienes rechazan la propuesta cubran “a los Angelici, a los [Daniel] Mautone -Casino Victoria-, y a todos los mafia que con esta explotación están matando a nuestros pibes”.
A su turno, Silvana Giudici, de Pro, informó sobre el dictamen de minoría. Consideró que “es importante trabajar sobre todos los canales donde los chicos terminan siendo cooptados para esta adicción”. Para ello, señaló que el texto que su bancada consensuó con el oficialismo y la UCR propone “controlar y regular la publicidad, que se combatan las plataformas de manera efectiva y que haya un control parental”. Exigió sancionar a quienes intermedien en el juego de los menores de edad.
El neurocientífico, Facundo Manes, referente del bloque Democracia, exaltó en su discurso que la sociedad “no puede aceptar los lobbies, las internas entre los políticos, porque una madre o un padre de los barrios más vulnerables de la Argentina espera que hoy demos un paso, un avance para proteger a los jóvenes”.
Por LLA, Nadia Márquez anticipó el rechazo en general del proyecto. Señaló que el dictamen de mayoría “no soluciona todos los problemas que se están planteando”. “Creemos fundamental reforzar una perspectiva de familia como núcleo básico de la sociedad. Si no reforzamos presencia y concientización de los padres difícilmente podramos revertir este flagelo en niños y adolescentes. Si no, va a terminar siendo letra muerta cualquier ley que podamos sancionar”, destacó. Si bien dijo estar de acuerdo con prohibir las apuestas en los menores de edad, no así con restringir ese impulso en los mayores. “No podemos imponer a una persona adulta qué tipo de vida quiere llevar”, indicó Márquez, quien es pastora evangélica en la provincia de Neuquén.
La diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, defendió la iniciativa de mayoría y destacó que pone “especial atención a cuáles son las limitaciones que el propio Estado tiene que darles a las empresas licenciatarias de esta actividad legal, pero especialmente a aquellas que promueven el juego ilegal en la Argentina”.
“Más de un año de intenso trabajo nos trajo a esta sesión donde conseguimos que el dictamen de mayoría se apruebe, a pesar de un oficialismo que no encuentra problema con que los menores apuesten porque el mercado se regula solo”, indicó Micaela Morán, que forma parte de UP en representación del Frente Renovador, de Sergio Massa.
¿Quiénes habilitaron la discusión?
Dieron el presente la mayoría del bloque de Unión por la Patria (UP), parte de la UCR, una porción menor de los radicales de Democracia, un sector de Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), Innovación Federal y la Izquierda.
El Pro y LLA se rehusaron a aportar número para abrir el debate en mayoría. Tampoco lo hicieron seis diputados de Democracia: Mariela Coletta, Danya Tavela, Carla Carrizo, Melina Giorgi, Marcela Antola y Juan Carlos Polini. Muchos de ellos responden al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, aliado de Angelici en la ciudad de Buenos Aires. De la UCR, tampoco dio quórum el legislador porteño Martín Tetaz.
Una vez iniciado el debate en mayoría, los diputados del bloque oficialista así como el conducido por Cristian Ritondo se sentaron en sus bancas. Lo mismo hicieron los radicales faltantes, tanto de la bancada de Rodrigo de Loredo (UCR), como la de de Pablo Juliano (Democracia).
El incremento de la ludopatía y su impacto en niños y adolescentes encendió luces de alarma a especialistas, instituciones educativas y familias en general. En ese contexto, más de 15.000 personas en estos días se sumaron a una campaña de recolección de firmas online motorizada a través de la plataforma de Change.org, que pide la urgente sanción de una norma que regule la actividad y proteja a la infancia.