Luego de que el Reino Unido llegara este jueves a un acuerdo con las islas Mauricio, en el Océano Índico, para devolverle la soberanía de las Islas Chagos -ubicadas a 2100 kilómetros de la capital, Port Louis-, tras una disputa de casi 60 años, los expertos en derecho internacional debaten si los criterios utilizados para este caso son aplicables también para el conflicto de la Argentina por las Malvinas.

Ninguno de los especialistas consultados por LA NACION dio una respuesta categórica equiparando totalmente ambos casos, ni tampoco descartando por completo este antecedente jurídico que podría servir para la casi bicentenaria disputa argentina con la corona británica.

Los argumentos

En primer lugar, hay diferencias y también similitudes en cuanto a la situación histórica y los principios internacionales en juego.

“En América Latina, luego de la independencia, los países de la región aplicaron el criterio del derecho romano uti possidetis iuris, que concede a un Estado el dominio de todos los territorios que pertenecieron al ocupante anterior. En este caso, desde 1766 el reino de España tenía control sobre la gobernación de las Malvinas. En 1816 quedaron bajo el dominio de las Provincias Unidas hasta que en 1833 fueron ocupadas por los británicos”, explicó a LA NACION Alejandro Chehtman, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Di Tella.

En el caso del archipiélago en el Océano Índico, los chagosianos lo habitaron desde el siglo XVIII, llevados como esclavos por los franceses. En tiempos coloniales, Chagos fue una dependencia de la administración francesa sobre Mauricio. Luego, París cedió esos territorios a Londres en 1814. Ya en el siglo XX, entre 1967 y 1973, los británicos iniciaron una política de expulsión de la población local, a pedido de Estados Unidos que quería tener pleno control de la isla Diego García donde funciona aún hoy una estratégica base militar. Con su independencia en 1968, Mauricio comenzó a reclamar las Islas Chagos como territorio mauriciano.

“Malvinas y Chagos son dos casos similares en tanto pueden ser encuadrados en el proceso de descolonización que impulsa la Resolución 1514 de Naciones Unidas”, señaló Chehtman. “Pero los chagosianos reclamaron sus derechos soberanos basados en el principio de la libre determinación de los pueblos que ya estaba en vigencia cuando Mauricio negoció con Gran Bretaña su independencia. En el caso de Malvinas, es el Reino Unido el que sostiene el derecho a la libre determinación de los pueblos, algo que es controversial en tanto los malvinenses son hoy población implantada”, agregó.

El arbitraje

Suponiendo que la Argentina evaluara que sus argumentos tienen más sustento y mayor posibilidad de éxito que los de los británicos, la decisión siguiente para avanzar en su lucha soberana sería elegir un “árbitro”, como hizo Mauricio, que en su caso fue el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. En 2019 esa corte emitió una opinión consultiva no vinculante en la que se afirma que el Reino Unido “tiene la obligación de poner fin a su administración del archipiélago de Chagos lo antes posible”.

“Históricamente la Argentina se ha aferrado únicamente a la Resolución 2065 aprobada en 1965 por Naciones Unidas, que establece que los dos países deben sentarse a negociar teniendo en cuenta los intereses, no los deseos, de los habitantes de las islas. Esa resolución reconoce indirectamente la soberanía argentina porque está en el marco del comité de descolonización. Nosotros consideramos nuestra soberanía sobre Malvinas como una verdad absoluta e indiscutible. Por eso nunca quisimos acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya [CIJ]”, señaló a LA NACION el exembajador en China y exdiputado Diego Guelar.

“Los argentinos creemos que hay una sola verdad: la nuestra. Pero un tribunal va a considerar que hay tres verdades: la argentina, la británica y la de los malvinenses, que votaron y eligieron seguir bajo la órbita británica. Como los argentinos consideramos que el tema no es debatible, no queremos someternos a ningún juez, como hizo el gobierno de Mauricio arriesgándose a un fallo desfavorable”, enfatizó el experto en relaciones internacionales.

El politólogo Vicente Palermo, miembro del Club Político Argentino, explicó a LA NACION que esa renuencia argentina a acudir a La Haya no es mero capricho, sino que una eventual presentación ante esa corte estaría “floja de papeles”, ilustró. “La Argentina no tiene asegurado un fallo a su favor”, advirtió.

“En primer lugar, el Reino Unido no aceptaría presentar el caso junto a la Argentina en La Haya porque tiene la misma convicción que los argentinos: sus títulos son perfectos e indiscutibles. Pero la Argentina podría acudir por sí sola a La Haya para que emitiera una opinión consultiva no vinculante, como hizo con Chagos. En ese caso, debería reunir suficientes votos de la ONU para que sea la Asamblea General la que haga el pedido a La Haya. Y aunque está el antecedente de la Resolución 2065, la situación internacional no es la misma y si no se lograran los votos suficientes, sería una enorme derrota diplomática y política”, señaló Palermo.

El especialista agregó que en el eventual caso de que la Argentina lograra superar la fase de la Asamblea General de la ONU, tampoco tendría asegurado el éxito en los tribunales. “La opinión consultiva de La Haya sobre Chagos toma sus fundamentos a favor de Mauricio en que la posición británica no está respaldada en la voluntad libre de los habitantes del archipiélago, un argumento que los argentinos no queremos ni oír”, afirmó.

La negociación

Donde la Argentina podría tomar enseñanza del exitoso proceso de Chagos es en la cuestión de las negociaciones que siguieron a la opinión consultiva no vinculante de la CIJ emitida hace cinco años.

El politólogo Andrés Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa, señaló a LA NACION que “si la Argentina no hubiera usado la fuerza en 1982, hoy Malvinas estaría recorriendo el mismo camino que Chagos en el proceso de negociaciones”.

El especialista señaló los puntos “negociables” del caso Malvinas, tal como el gobierno de Mauricio aceptó, como parte del acuerdo, que durante 99 años Estados Unidos conservará su base militar en la isla Diego Garcia, del archipiélago Chagos. “El petróleo y la pesca no producen hoy beneficios para el Reino Unido, sino para los isleños, y eso se podría mantener. El Reino Unido tendría garantizada la proyección logística hacia la Antártida por las islas Georgias y Sandwich del Sur. Y también podría haberse mantenido una base militar durante un tiempo como acordó Mauricio”.

Guelar concluyó que, de todas maneras, para un primer avance, es necesario modificar la estrategia. “La posición argentina hoy es clara: no hay nada que negociar. Que nos devuelvan las islas y listo. Y del otro lado hay un rechazo inglés a ceder posiciones. Pero para iniciar cualquier negociación es necesario reconocer que el otro tiene algún derecho, si no, nos quedamos en un círculo cerrado, una trampa de la que es muy difícil salir”.